A pesar de la alentadora tendencia a la baja que inició en 2017 y continuó en 2018 y 2019, los países de América Latina y el Caribe se siguen viendo afectado por altas tasas de violencia y homicidios. Factores como la desigualdad de ingresos, la presencia de grupos de la delincuencia organizada y la disponibilidad de armas de fuego ayudan a explicar por qué los altos niveles de violencia letal persisten en algunas áreas de la región.
La alta prevalencia de la violencia de género contra las mujeres y niñas y los femicidios se mantienen también entre los principales desafíos.
Mientras que una parte importante de los casos delictivos no son reportados en la región, aquellos que sí lo son exceden la capacidad de respuesta del Estado en la mayoría de los países. Como resultado, solo una pequeña parte de los delitos, incluidos aquellos considerados graves, tiende a ser investigada apropiadamente. La falta de consecuencias por los actos delictivos ha creado un sentido de impunidad entre los criminales y una pérdida de la confianza de la población en los sistemas de justicia, incluidas a las fuerzas policiales.
El acceso limitado y desigual a la justicia debilita la confianza en el proceso y hace que las personas sientan que la justicia es arbitraria e inalcanzable para las personas en pobreza y/o que pertenecen a minorías y/o grupos marginalizados.
Adicionalmente, la población carcelaria ha crecido lentamente en los últimos años, lo que ha provocado niveles de hacinamiento que pueden vulnerar los derechos humanos básicos de las personas privadas de la libertad, fomentar un clima de violencia en los centros penitenciarios y obstaculizar los programas de reinserción social. También cabe destacar el alto porcentaje de personas detenidas sin sentencia en toda la región, que en general no ha variado.

En los próximos años, el trabajo de UNODC para fortalecer la prevención del delito y fortalecer la justicia penal se enfocará en tres áreas prioritarias:

1. Una nueva iniciativa regional en materia de reforma penitenciaria, cuyo objetivo será reinterpretar el encarcelamiento como un mecanismo para proteger a la sociedad del delito y prevenir la reincidencia mediante la reinserción e integración social de las personas privadas de libertad.
Esta iniciativa consta de cuatro áreas de trabajo paralelas:

• Reenfocar el objetivo de los sistemas penitenciarios hacia la prevención y rehabilitación, mediante la implementación de la Posición Común de la ONU sobre Encarcelamiento, incluidas las Reglas Nelson Mandela, de Bangkok y de Tokio y con un particular énfasis en la promoción de alternativas al encarcelamiento, la disminución de las detenciones preventivas y la implementación de herramientas para avanzar en la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad en la sociedad.

• Mejorar la gestión general y las condiciones de los centros de detención, incluidas la asignación de recursos, los modelos de gestión, opciones de carrera y condiciones de trabajo para el personal, infraestructura, prevención de la violencia, restricción de la influencia de los grupos de la delincuencia organizada dentro de los centros penitenciarios, condiciones de encarcelamiento y problemas relacionados como la sobrepoblación.

• Proporcionar igualdad de acceso a la justicia para todas las personas mediante: el fortalecimiento de la prestación de asistencia jurídica con un enfoque en aquellos grupos que presentan un mayor riesgo de ser dejados atrás; el apoyo a los sistemas de justicia inclusivos y justos para luchar contra la impunidad y abordar las desigualdades; y el apoyo para la reforma de los servicios policiales, incluidas estrategias basadas en la evidencia y los derechos humanos para abordar las desigualdades y fortalecer los mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.

• Promover una red regional de personas expertas en materia penitenciaria para facilitar el apoyo y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas a nivel intra-regional.

 

2. Prevenir y combatir la violencia de género contra las mujeres como una amenaza recurrente que requiere ser abordada efectivamente en la región mediante enfoques conjuntos desarrollados con los Gobiernos y socios estratégicos de la ONU, incluida la Iniciativa Spotlight. UNODC aprovechará su propia experiencia a través de personas expertas en género de la región para:

• Continuar sensibilizando y fortaleciendo las capacidades de agentes de aplicación de la ley y personas expertas de la justicia penal para prevenir y abordar la violencia de género contra las mujeres y proporcionar asistencia adecuada a las víctimas.

• Establecer capacidades para la recolección y el análisis de datos relevantes sobre delitos que involucren violencia de género contra las mujeres, incluidas encuestas de victimización y datos recolectados por la policía, fiscalías o el Órgano Judicial.

• Llevar a cabo evaluaciones de legislación, políticas y estrategias nacionales, así como proporcionar asistencia legal basada en estándares internacional para abordar posibles vacíos y eliminar procedimientos que pudieran ser discriminatorios.

• Promover el acceso a recursos ágiles y eficaces de la justicia penal para mujeres víctimas de violencia de género.

• Promover mecanismos coordinados en la cadena de justicia para prevenir y responder de manera más eficaz a la violencia de género contra las mujeres.

 

3. Promover el desarrollo y la implementación de iniciativas de prevención de delito, con especial énfasis en las juventudes, la educación y el deporte, así como en la prevención de violencia pandillera. Algunos enfoques utilizados en la región que podrían expandirse incluyen:

• Auditorías de seguridad locales que han permitido el desarrollo y la implementación de estrategias de intervención para la prevención del delito hechas a la medida en coordinación con las autoridades y la sociedad civil.

• Capacitaciones en habilidades para la vida, programas de crianza y esfuerzos en el sector de la educación que han permitido a la juventud, sus familias y comunidades ser más resilientes.

• Apoyo a iniciativas de policía comunitaria que han coadyuvado a promover vigilancia proactiva y orientada a la resolución de problemas.