El cuestionario de autoevaluación se ha elaborado para países que han considerado adherirse al Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear de 2005. El cuestionario tiene el objetivo de contribuir a que los Estados analicen sus propias capacidades jurídicas para implementar las disposiciones del Convenio sobre la base de las leyes existentes en sus respectivos países o, si es necesario, actualizarlas o redactar nuevas leyes, de acuerdo con su tradición jurídica y sus procesos jurídicos internos.
Los Estados tienen sus propios procedimientos para elaborar leyes, acordes con su sistema jurídico, sus instituciones y sus prácticas. No obstante, los aspectos técnicos de la seguridad nuclear plantean problemas únicos y es fundamental que las leyes nacionales sobre seguridad nuclear sean uniformes y se armonicen con instrumentos jurídicos existentes que están en vigor en los Estados, así como con los documentos internacionales de orientación.
En última instancia, la responsabilidad de establecer un régimen nacional sólido en materia de seguridad nuclear recae plenamente sobre los Estados, que deben garantizar la seguridad del material nuclear y radiactivo, de las instalaciones nucleares en las que se manipulan fuentes radiactivas dentro de su jurisdicción. Cada Estado ha de establecer un régimen de seguridad nuclear conforme con sus procesos constitucionales y nacionales. Además, la aplicación de los instrumentos jurídicos nacionales relacionados con la seguridad nacional requiere la participación de un amplio conjunto de grupos de interés nacionales, tales como órganos gubernamentales, instituciones de investigación y universidades, centros médicos y la industria.
Es importante adoptar un enfoque armonizado y coherente con las prácticas internacionales para garantizar la asistencia y la cooperación internacionales, el enjuiciamiento y extradición de sospechosos en las cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear y para hacer frente a las amenazas que la ponen en riesgo, entre ellas el terrorismo.
El cuestionario se divide en secciones que describen brevemente determinadas cuestiones o procedimientos clave que han resultado útiles para analizar legislación nacional y las capacidades de los Estados en relación con la seguridad nuclear y a partir de allí se formulan preguntas para ser respondidas por los Estados interesados en adherirse al Convenio, con independencia de su grado de desarrollo y la magnitud de sus programas nucleares o sus aplicaciones nucleares.
El cuestionario se ha concebido únicamente con fines informativos y no es jurídicamente vinculante, sino que constituye un marco de referencia que los Estados pueden emplear si así lo desean. El cuestionario no es un instrumento para medir el grado de cumplimiento por los Estados de sus obligaciones en materia de seguridad nuclear.
