La Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear (IGTN), en colaboración con el Canadá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), celebró del 24 al 26 de enero de 2017 en Bratislava (Eslovaquia) un curso práctico sobre marcos jurídicos titulado “Vigilant Marmot”.
En él se examinaron las dificultades para aprobar marcos jurídicos nacionales relativos a la seguridad nuclear o actualizar los existentes, se puso énfasis en las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos internacionales contra el terrorismo nuclear, y se estudiaron modelos prácticos para el cumplimiento de esas obligaciones. El curso práctico se basó en los principales resultados de la Conferencia Internacional de la IGTN y del ejercicio de simulación de una investigación forense nuclear denominado “Glowing Tulip”, realizado en 2015 en La Haya, y centró la atención especialmente en las sanciones penales.
En el curso se promovió el intercambio de modelos y mejores prácticas en materia de marcos jurídicos, mediante estudios de casos y debates basados en situaciones hipotéticas en los que se examinaron las principales dificultades que han enfrentado los países.
La UNODC presentó varias ponencias sobre los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes y dirigió debates basados en situaciones hipotéticas (véase el programa).
En esos debates, así como en mesas redondas en que se pusieron de relieve casos anteriores que habían motivado a los países para actualizar sus códigos penales, se subrayó la importancia de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la seguridad nuclear y, en particular, la utilidad de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y las Instalaciones Nucleares y su Enmienda y la del Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, así como la importancia de que, al mismo tiempo, los países adoptaran normas jurídicas vigorosas en materia de penalización para desalentar y enjuiciar satisfactoriamente los actos ilícitos correspondientes. En las mesas redondas se demostró que la existencia de marcos jurídicos sólidos favorecía el desarrollo y la sostenibilidad de los sistemas nacionales de seguridad nuclear, y se destacó que el Convenio, la Convención y su Enmienda quedaban comprendidos en el marco jurídico internacional más amplio contra el terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear.
