El fundamento normativo de la labor de las Naciones Unidas en torno al estado de derecho es la Carta de las Naciones Unidas y el conjunto del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, el derecho internacional sobre los refugiados y el derecho internacional humanitario. Las respuestas a las cuestiones relativas a las drogas, el delito y el terrorismo deben basarse en el imperio de la ley y, por lo tanto, también deben incorporar la legislación, las normas y los principios sobre los derechos humanos.
La naturaleza interrelacionada, indivisible e interdependiente de los derechos humanos y la complejidad de las respuestas necesarias hacen que sea indispensable aplicar enfoques integrales e interconectados. Con relación a la dignidad humana de todas las personas como principio fundamental, la prevención y la reducción de todos los tipos de violencia, explotación, corrupción y abuso deberían estar en el centro de cualquier agenda que reconozca en todos sus matices la importancia fundamental de la seguridad humana, no solo como un imperativo de derechos humanos, sino también como un aspecto central del desarrollo.
Por todos estos motivos, la UNODC está determinada a aplicar en todas sus esferas de trabajo un enfoque basado en los derechos humanos que integre el respeto y la observancia de esos derechos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Los mandatos de la UNODC, tal como se consagran en las convenciones sobre el control de drogas, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (UNTOC), reafirman la importancia del respeto pleno de los derechos humanos. Asimismo, los órganos rectores de la UNODC, la Comisión de Estupefacientes y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, sistemáticamente han asignado mandatos específicos a la UNODC, entre ellos la necesidad de integrar los derechos humanos en las respuestas a la droga, el delito y el terrorismo.
Mediante diversas resoluciones, la Comisión de Estupefacientes y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, como órganos rectores de la UNODC, le asignan mandatos específicos, que recalcan la necesidad de integrar la dimensión de derechos humanos en las respuestas de los Estados a la droga, el delito y el terrorismo. Por lo tanto, las Comisiones desempeñan un papel clave en la promoción de los derechos humanos mediante la formulación de políticas. La Comisión de Prevención ha llevado la delantera en el desarrollo de las reglas y normas de las Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal, centrándose en temas tales como la justicia para los niños, la violencia contra las mujeres, la protección de las víctimas, el trato dispensado a los reclusos, la independencia del poder judicial y el acceso a la asistencia jurídica. La Comisión de Estupefacientes supervisa la aplicación de las convenciones internacionales sobre el control de drogas y promueve la aplicación de todos los compromisos internacionales sobre políticas en materia de drogas, de conformidad con las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos. Ambas Comisiones, así como el Congreso Quinquenal de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal, sirven como plataformas inclusivas e integradas por varias partes interesadas para debatir sobre las cuestiones relacionadas con las drogas y el delito a nivel internacional, convocando como colaboradores a una amplia gama de actores, tales como los Estados Miembros, organizaciones internacionales, órganos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y el mundo académico.
En la misma línea, la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, como órgano rector de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, y sus órganos subsidiarios, los cinco Grupos de Trabajo, promueven dentro de sus esferas de mandato enfoques basados en los derechos humanos en torno a la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito, la cooperación internacional, la asistencia técnica y la protección de las víctimas. Esto incluye velar por que la legislación, las políticas, los programas y otras iniciativas nacionales contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito, así como las respuestas y las técnicas especiales de investigación de las autoridades de cumplimiento de la ley, tengan perspectiva de género y respeten los derechos humanos, como se reitera en varias de las resoluciones adoptadas por la Conferencia.
La Conferencia de los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el principal órgano encargado de la formulación de políticas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. A través de cuatro órganos subsidiarios, la Conferencia promueve la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otras cosas supervisando el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Conferencia también proporciona mandatos y orientación a la UNODC, que define la hoja de ruta de sus actividades dirigidas a acelerar la aplicación de la Convención, lo que incluye la labor señalada anteriormente. El enfoque basado en los derechos humanos ocupa un lugar central en todas las medidas que emanan de los mandatos de la Conferencia, independientemente del tipo de actividad: prestación de asistencia técnica, formación y fortalecimiento de capacitación, creación de conocimientos innovadores o del refuerzo de la confianza entre las distintas partes interesadas.