Ecuador, 2 de julio de 2020 - Los riesgos del internet frente a la trata de personas y la necesidad de mejorar los medios de prevención fue la temática que se abordó en un webinar organizado por el Ministerio de Gobierno, junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) - a través de la iniciativa TRACK4TIP - la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Educación.
El encuentro forma parte de la agenda de eventos que elComité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección a sus Víctimas desarrolla durante todo el mes de julio, debido a la conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas (30 de julio).
La temática es my coyuntural: varios países latinoamericanos aún guardan confinamiento debido a la emergencia sanitaria por COVID19. En ese contexto, niñas, niños y jóvenes desarrollan sus actividades escolares y recreativas a través de una pantalla.
El internet es, además, uno de los mecanismos que se utiliza para captar a migrantes sin papeles en busca de empleo. Su condición de vulnerabilidad incrementa el riesgo de caer en manos de tratantes.
Tomás Guayasamín, titular de la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio de Gobierno, fue el moderador del webinar. Según sus estadísticas, entre enero de 2017 y marzo de 2020 se rescataron a 668 víctimas de Trata, de las cuales el 75% eran mujeres en edades comprendidas entre los 12 y los 29 años.
Nayelly Loya, coordinadora del Programa Global de Cibercrimen de la UNODC, abrió la ronda de exposiciones. “Los niños y niñas no necesitan salir de casa. Pueden ser víctimas de trata dentro de su propio hogar, cuando se encuentran con sus padres”. Loya abordó los riesgos de las redes sociales, la dark web (red oscura), el grooming (engaño y acoso con fines de naturaleza sexual), la explotación sexual infantil, entre otros.
Además de ser el medio para reclutar víctimas, la experta de El Salvador puntualizó que el internet es el medio para conectar los clientes con los explotadores, quienes ofrecen a las personas como mercancías. Incluso se puede llegar a transmitir en tiempo real la explotación sexual de las víctimas. “Internet es indispensable para configurar el delito”, dijo Loya a una sala virtual con más de 300 asistentes.
Por su parte, el fiscal Eduardo Estrella, animó a los operadores de justicia presentes en la conferencia a que las investigaciones conduzcan a evidenciar los casos de Trata. “Es un delito transversal y probarlo es una tarea compleja que requiere más atención de nuestra parte. Tenemos que aprender a escuchar a las víctimas”.
Ante la vulnerabilidad de niñas y mujeres frente a la trata de personas, Nelly Jácome, secretaria técnica del Consejo para la Igualdad de Género, abogó por una mirada que priorice la situación de este segmento poblacional, mayormente afectada por este delito con fines de explotación sexual. “Las políticas de prevención orientadas a enfrentar las causas de la trata no pueden ser neutrales. Necesariamente deben hacerse cargo de la desigualdad de género que determina mayores riesgos para mujeres y niñas”.
Finalmente, Víctor Pazmiño, analista de Integración Pedagógica de Tecnologías para la Educación recordó que Ecuador tiene 13,8 millones de celulares con acceso a internet. “Todo lo que hagas en la red deja una huella digital. Si los chicos no pueden conectarse en su casa, lo harán en el colegio, en la parada de bus, en el parque”.
UNODC, a través de TRACK4TIP, busca proporcionar a los operadores de justicia información sobre el modus operandi de las redes delictivas relacionadas con la trata de personas detrás de las corrientes migratorias actuales.
Sobre el programa TRACK4TIP
TRACK4TIP es una iniciativa de tres años (2019-2022), implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir la Trata de Personas / JTIP.
El proyecto beneficia a ocho países de América del Sur y el Caribe con acciones nacionales y regionales en Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.
El objetivo general del proyecto es mejorar la respuesta de la justicia penal regional a la trata de personas, en los flujos migratorios de los países beneficiarios a través de un enfoque multidisciplinario y centrado en las víctimas, con acciones a nivel regional y nacional para identificar, prevenir y procesar casos.