Ciudad de México (México), 12 mayo 2022 – La delincuencia organizada transnacional, ya sea el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de inmigrantes, entre otras modalidades, puede devastar sociedades y comprometer la capacidad de los Estados para gobernar eficazmente a sus poblaciones y prestar los servicios esperados. También amplia la brecha entre géneros, grupos étnicos, clases sociales y afecta de forma abrumadora a las poblaciones más vulnerables. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas, permitiendo a los grupos criminales organizados explotar las brechas dejadas por la reasignación de recursos de los gobiernos.
Además, amenazan la capacidad de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, en el que los Estados Miembros se comprometieron a promover sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo Sostenible, proveer acceso a la justicia para todas las personas y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
Abordar un problema tan complejo requiere esfuerzos coordinados entre diferentes actores incluidos el sector privado, la academia y la sociedad civil. Mientras que el sector público lidera los esfuerzos de prevención del delito y justicia penal, el sector privado puede aprovechar sus recursos y redes para construir negocios sostenibles y responsables crear conciencia entre los empleados, socios y clientes, así como contribuir con herramientas, datos críticos y oportunos e instrumentos para ayudar a los gobiernos a enfrentar el crimen organizado.
Por otro lado, la sociedad civil y el mundo académico ofrecen perspectivas únicas desde su trabajo de campo, destacando y visibilizando las necesidades de víctimas del crimen organizado y prestando servicios necesarios que a veces los gobiernos no lograr cubrir.
Además, estos actores desarrollan investigaciones rigurosas respecto al actuar de los gobiernos, otras partes interesadas y organizaciones internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Como apoyo a los Estados a hacer frente a la delincuencia organizada transnacional, UNODC utiliza un proceso de examen mediante en el cual los Estados identifican las prioridades específicas de cada país para combatir la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, la participación de la sociedad civil en el proceso de examen ha sido en ocasiones limitada, aunque la Resolución 9/1 de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés) prevé la participación de las partes interesadas no gubernamentales.
El 27 de abril de 2022, UNODC y el Gobierno de México llevaron a cabo una Iniciativa Piloto, primera en su tipo a nivel mundial, cuyo objetivo es reunir a representantes del gobierno, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado y así garantizar que sus perspectivas, conocimientos especializados y experiencia se incluyan en el proceso de examen.
Como enfatizó el Director General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Sr. Eduardo Jaramillo Navarrete, "Esta Iniciativa Piloto tiene un papel especial porque nos ayudará a mejorar nuestro compromiso con la sociedad civil en el fomento de sociedades inclusivas en la promoción del ODS 16", consideró, "la UNTOC y su Mecanismo de Revisión proporcionarán la base para este intercambio de ideas sobre los procesos involucrados en la lucha diaria contra el crimen y la violencia".
Durante la Iniciativa Piloto, llevada a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, las partes interesadas identificaron prioridades clave en la prevención de la delincuencia organizada transnacional, incluida la creación de una base de datos de datos abiertos y confiables para informar sobre las políticas gubernamentales en materia de prevención del delito; el establecimiento de un mecanismo de coordinación con el Gobierno para crear estrategias y planes de acción que garanticen que el proceso de revisión sea transparente y abierto a las partes interesadas no gubernamentales; y la apertura a la sociedad civil en la capacitación, sensibilización y formación de servidores públicos responsables de la seguridad y procuración de justicia.
Por su parte, la Titular del Área de Programas de UNODC México, la Sra. Stacy de la Torre, destacó el papel de UNODC en el apoyo a los Estados en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional mediante la aplicación de la Convención y su Mecanismo de Examen y reconoció que "el compromiso entre los Estados Miembros y la sociedad civil en este proceso de revisión es un reflejo de que ningún gobierno puede abordar por sí solo la delincuencia organizada transnacional".
Finalmente, como señaló la experta independiente en crimen organizado transnacional, la Sra. Norma Sánchez, "esta Iniciativa Piloto ha sido una experiencia muy fructífera e inspiradora que me motiva a seguir contribuyendo, con un enfoque anticorrupción y de transparencia, a las políticas de prevención contra el crimen organizado, especialmente para las personas más vulnerables, niños, niñas y adolescentes".
El siguiente paso en este proceso será la socialización de los resultados de dicha iniciativa a todas las partes interesadas y la convocatoria del Gobierno Mexicano a una reunión de seguimiento a fines de 2022, para revisar los progresos realizados en la implementación de la UNTOC y la forma en que las autoridades mexicanas están incorporando las prioridades identificadas por las partes interesadas.
La UNODC seguirá apoyando al Gobierno de México en las actividades relacionadas con la Iniciativa Piloto y espera que otros países se inspiren para adoptar medidas similares en consonancia con sus realidades nacionales.
** *** **
El proyecto de Participación de las Partes Interesadas para la UNTOC, su Mecanismo de Revisión y Actividades Relacionadas (SE4U) es posible gracias al generoso apoyo financiero del Gobierno de los Estados Unidos.
