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Los partidos políticos y la financiación política 

 

Los partidos políticos están siempre presentes en los sistemas políticos y se encuentran entre las instituciones centrales de las democracias modernas. Son la base de una sociedad política plural y aseguran un electorado informado y participativo. Los partidos también funcionan como un puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y pueden presionar a los Gobiernos para que prioricen la agenda legislativa. En los regímenes democráticos y autoritarios, existen varios tipos de partidos políticos y modelos de partidos, como, por ejemplo, los partidos de masas, partidos de cuadros o élites, partidos atrapatodo, partidos cártel, partidos anticártel y partidos empresariales (consulte Caramani, 2017). Sus definiciones específicas se centran en sus objetivos y métodos, y enfatizan su papel en la competencia política. Especialmente en los sistemas democráticos modernos, los partidos políticos cumplen distintas funciones que son fundamentales para el desempeño de los Estados. También se puede apreciar un aumento de partidos ad hoc creados y manejados por las redes sociales. Los partidos ad hoc usualmente no se perciben o describen como partidos políticos, pero sus conductas sociales, objetivos y acciones con frecuencia alcanzan resultados políticos de una forma no tradicional. Algunos ejemplos que se pueden mencionar son los movimientos relacionados con la Primavera Árabe, la Euromaidán en Ucrania y el movimiento de los «chalecos amarillos» en Francia. No importa cuán espontáneas sean estas acciones, rápidamente adquieren una naturaleza política y, como cualquier otra agrupación política, son susceptibles a la corrupción.

Históricamente, la primera función de los partidos políticos, y una de las más importantes hasta la fecha, es la coordinación entre los funcionarios públicos y los ciudadanos con preferencias políticas comunes, y, por tanto, en términos reales, entre el Gobierno y la sociedad en general. La segunda función más importante de los partidos políticos es realizar campañas electorales y, de manera más general, competencias políticas. Los partidos son los principales participantes en las elecciones, responsables de los candidatos y los temas por los que los ciudadanos votarán. La tercera función más importante de los partidos es reclutar y seleccionar al personal para los cargos públicos elegidos y designados. El balance entre el reclutamiento (encontrar a alguien dispuesto a hacer el trabajo) y la selección (elegir entre múltiples aspirantes) depende tanto del partido como de la naturaleza de los puestos que necesitan ser cubiertos. Además, los partidos políticos desempeñan una variedad de funciones que se pueden clasificar como representación de grupos sociales y posiciones ideológicas. Los partidos políticos hablan y actúan en nombre de sus simpatizantes en las campañas electorales, en los pasillos del poder, en los medios de comunicación y en otros foros públicos de discusión (Scarrow, Webb y Poguntke, 2017). Por último, en los contextos democráticos, los partidos políticos también son responsables de proteger las democracias restringiendo el acceso de los actores no democráticos al sistema político. Levitsky y Ziblatt (2018) argumentan que la mayoría de los recientes colapsos democráticos ocurrieron debido a Gobiernos elegidos y no a golpes militares o revoluciones. Por tanto, con el fin de mantener vivas las democracias, los partidos políticos deben abstenerse de nominar candidatos electorales o de formar coaliciones con otros partidos que puedan capturar las instituciones democráticas y abusar de ellas de manera autoritaria.   

Los partidos políticos son los principales actores en muchos regímenes autoritarios y totalitarios. Sin embargo, en estos sistemas, los partidos son el medio para gobernar y no una fuente de poder o un canal a través del cual se disputan las elecciones. Algunos estudios han demostrado que los partidos políticos en los sistemas no democráticos tienden a ser débiles en cuanto a su organización, carecen de apoyo financiero y de bases, así como de la capacidad organizativa para proporcionar las estructuras de movilización necesarias para crear movimientos sociales contra el régimen (Yadav y Mukherjee, 2015). Dada la poca capacidad de los partidos de la oposición para movilizar a la opinión pública y actuar contra los gobernantes, es posible que los autócratas en el poder no se sientan amenazados por esos partidos en el Legislativo y, por ende, no cambien su forma de Gobierno. Como tal, aunque los partidos de la oposición manifiesten las demandas de los ciudadanos para combatir la corrupción y exijan que el régimen actúe en consecuencia, los regímenes en el poder pueden no sentirse obligados a hacer concesiones costosas contra la corrupción. De esta manera, incluso si se logran expresar de manera exitosa las exigencias de los ciudadanos para reducir los niveles de corrupción, puede que no se generen cambios políticos serios. Los partidos de oposición con mucho interés en tomar medidas sobre cuestiones delicadas como la corrupción podrían temer la represión del régimen, y este podría intentar reducir su espacio político. A su vez, una oposición menos eficaz y confrontacional no presionará lo suficiente al régimen para que actúe contra la corrupción, lo que resulta en la disminución de esfuerzos genuinos de lucha contra la corrupción (Yadav y Mukherjee, 2015).     

Para cumplir con sus funciones básicas, los partidos políticos necesitan un financiamiento adecuado y acceso a los medios de comunicación. Necesitan recursos económicos para apoyar sus campañas durante el proceso electoral (financiación de campañas electorales) y para llevar a cabo sus actividades rutinarias entre las elecciones (financiación de partidos políticos) (Fischer y Eisenstadt, 2004; Caramani, 2017). Ambos tipos de financiación deben ser regulados para asegurar un sistema de financiamiento político transparente y justo; promover la rendición de cuentas; preservar la capacidad de respuesta de los partidos políticos y los candidatos; asegurar que todos los partidos tengan la oportunidad de competir de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades; garantizar la independencia de los partidos de la influencia indebida de aportantes, y minimizar el peligro de la corrupción, en particular de la captura del Estado y el tráfico de influencias. En este sentido, el apartado 3 del artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) exige que los Estados parte mejoren la transparencia del financiamiento político y de los candidatos a cargos públicos. Sin embargo, no existe una práctica consistente en esta área. Mientras que algunos países adoptan normas internacionales para regular y promover la transparencia del financiamiento político, otros no lo hacen (Smirnova, 2018).

Cada vez más países financian a los partidos políticos a través de, por ejemplo, sus sistemas fiscales o de la provisión directa de bienes y servicios. El objetivo principal es ayudar a los partidos para que puedan cumplir con las funciones relacionadas con la formulación de políticas, la educación pública y la vinculación entre la sociedad y el Gobierno. Este apoyo del Estado a los partidos políticos es casi universal en las democracias liberales (Caramani, 2017). En general, se considera que reduce las oportunidades de corrupción, ya que los partidos no se ven obligados a sucumbir a los intereses de los aportantes privados a cambio de financiamiento. No obstante, algunas veces, el financiamiento público puede reducir la motivación de un partido por atraer miembros y refuerza el statu quo, ya que favorece a los partidos grandes ya establecidos. Este financiamiento también puede ser una forma de estatización sigilosa, que crea partidos que sirven al Estado, en lugar de a la sociedad. De esta manera, puede aumentar los actos de corrupción, como la captura del Estado y el favoritismo. Además, los partidos establecidos tienen una ventaja financiera sobre los pequeños partidos en cuanto al acceso al financiamiento público, lo que puede aumentar las probabilidades de que aparezcan partidos cártel. Los partidos cártel se desarrollan cuando «los partidos coludidos se convierten en agentes del Estado y emplean sus recursos para asegurar su propia supervivencia colectiva» (Katz y Mair, 1995, pág. 5). Pueden formar parte de la clase política, debilitar su papel tradicional como agentes de grupos específicos e impedir el desarrollo y el crecimiento de nuevos partidos jóvenes (Kuhner, 2016).

Algunos de los riesgos mencionados anteriormente pueden ser mitigados a través de la regulación de los partidos políticos en términos de sus obligaciones de divulgación, sus límites de gasto y la aplicación imparcial de las normas. En 2010, dos organizaciones europeas influyentes -la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/ODIHR) y la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)- adoptaron las Directrices para la regulación de los partidos políticos .Este documento reconoce el importante papel de los partidos políticos y busca reducir la dependencia inapropiada de donantes privados, prevenir la corrupción y asegurar que todos los partidos puedan competir en las elecciones de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades. En el documento se expresan un conjunto de principios que pueden orientar a los Estados al momento de regular los partidos políticos y tienen como objeto promover un equilibrio entre el financiamiento público y privado de los partidos políticos, fomentar las contribuciones moderadas en lugar de las contribuciones excesivamente cuantiosas y asignar una financiación pública que no limite ni interfiera con la independencia de los partidos políticos. Para ilustrar esto, a continuación, se presentan las directrices específicas para los sistemas de financiamiento político que se recomiendan a los Estados (enumeradas en el párrafo 160 de las directrices):

  • Restricciones y limitaciones de las contribuciones privadas
  • Balance entre el financiamiento privado y público
  • Restricciones para el uso de recursos estatales
  • Criterios equitativos para la asignación de ayuda financiera pública
  • Límites de gasto para las campañas
  • Requisitos que incrementan la transparencia del financiamiento político y la credibilidad de los informes financieros
  • Mecanismos reguladores independientes y sanciones apropiadas para las violaciones legales. 

 

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