Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Tema siete: Un resumen de los avances actuales en relación con las víctimas

 

El mundo ha cambiado de manera significativa en las décadas posteriores a la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas de 1985. La globalización ha avanzado y cada vez más personas han abandonado sus países de origen para trabajar o estudiar en el extranjero, o para escapar de los conflictos o de la pobreza. Los vuelos de bajo costo han hecho posible que las personas viajen frecuentemente al extranjero, incluso por placer y turismo. Al mismo tiempo, Internet y las nuevas formas de comunicación, incluso a través del correo electrónico y las redes sociales, han evolucionado hasta convertirse en una parte importante del día a día de las personas. Las nuevas tecnologías y dispositivos, como los teléfonos inteligentes y las tabletas portátiles, son omnipresentes en muchas partes del mundo.

Esta nueva realidad afecta todos los aspectos de nuestras vidas. No es de sorprender, por lo tanto, que la delincuencia también haya cambiado. Los delincuentes han adaptado eficazmente sus estrategias a un terreno más amplio gracias a los avances tecnológicos y a un mundo cada vez más globalizado. La «globalización» del delito ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de delincuencia transnacional e internacional, incluidas diversas formas de ciberdelincuencia (para más información sobre ciberdelincuencia, consulte la serie de módulos universitarios de E4J sobre la ciberdelincuencia). Además, los delincuentes han buscado y encontrado con efectividad vacíos entre las diversas iniciativas nacionales para la aplicación de la ley y los marcos jurídicos, los cuales explotan para evadir la aplicación de la ley y el enjuiciamiento. En respuesta, los Gobiernos nacionales y la comunidad internacional han adaptado sus marcos jurídicos y normativos para hacer frente a las nuevas amenazas de la delincuencia y a los delincuentes que traspasan las fronteras nacionales. Una respuesta particularmente importante fue la aprobación, en 2000, de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (2004), en los que se da una respuesta jurídica a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico de armas de fuego. Para más información, consulte la serie de módulos universitarios de E4J sobre la delincuencia organizada, la trata de personas y las armas de fuego.

Estos acontecimientos también han repercutido en las víctimas de los delitos y han afectado su capacidad de recibir justicia, de manera positiva y negativa. 

Si bien el desarrollo completo de este tema queda fuera del alcance de este módulo, en la siguiente sección se abordan algunos aspectos sobre la forma en que los acontecimientos actuales afectan la justicia para las víctimas.

 

Desafíos y respuestas a la victimización transfronteriza

 

Desafíos

Como resultado de la globalización, lo que suele denominarse «victimización transfronteriza», es decir, casos en que el delito penal se comete en una jurisdicción fuera del país de origen de la víctima, está afectando a cada vez más personas. De hecho, las víctimas «extranjeras», por ejemplo, los turistas, los estudiantes de intercambio o los trabajadores de otros países que se encuentran en el extranjero en el momento en que experimentan un delito, pueden ser especialmente vulnerables. Pueden tener problemas con el idioma y con la comprensión del sistema jurídico extranjero, factores que suelen afectar directamente su capacidad para denunciar el delito a las autoridades competentes. Las diferencias culturales pueden agravar esta dificultad y pueden exacerbar el riesgo de que la víctima se sienta aislada y traumatizada. Además, al estar lejos de su familia y amigos, las víctimas pueden encontrarse sin las redes de apoyo social en las que tendrían que confiar después del delito. Cualquiera de esos factores, o una combinación de ellos, probablemente empeorará la experiencia del delito y su impacto en la víctima.

Es posible que las víctimas de los delitos transfronterizos no puedan acceder a los servicios que necesitan: pueden verse envueltas en situaciones que no les permitan acceder a los sistemas de asistencia a las víctimas establecidos en el país del delito, ni a los de su país de origen. Además, cuando la victimización se produce en el extranjero, la estancia temporal de la víctima en el país donde se ha producido el delito puede llegar a su fin. Esto puede hacer que a la víctima le resulte imposible participar en los procedimientos penales de manera significativa.

Respuestas

A fin de contrarrestar esta situación, en las últimas décadas se han desarrollado iniciativas alentadoras para mitigar las consecuencias negativas de la globalización sobre las víctimas de la delincuencia, que incluyen al creciente número de víctimas en contextos transfronterizos.

Marcos jurídicos nuevos y más estrictos

Las víctimas cuentan cada vez más con marcos jurídicos que tienen en cuenta sus necesidades y derechos, así como con las instituciones que las apoyan. Los estudios demuestran que, en las últimas décadas, la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 ha sido un catalizador del cambio y una importante fuente de inspiración para los legisladores de todo el mundo (Letschert y Groinhuisen, 2011). En consecuencia, la justicia para las víctimas se ha hecho más tangible tanto en términos de cambios legislativos que reafirman sus derechos, como mediante el surgimiento de instituciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas que sirven a las víctimas y atienden sus necesidades.

De hecho, la nueva legislación a nivel mundial, regional y nacional ha fortalecido los derechos de las víctimas, incluso en los casos que presentan un elemento transnacional o transfronterizo.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2004) contiene en su artículo 25 una disposición específica sobre las víctimas, en la que se dispone que los Estados parte, dentro de sus posibilidades, deben tomar las medidas apropiadas para prestar asistencia y protección a las víctimas de la delincuencia organizada transnacional, de manera específica, en los casos de amenaza de represalias o intimidación. Los Estados parte también están obligados a establecer los procedimientos adecuados para proporcionar el acceso a la indemnización y a la restitución, y para permitir que las víctimas presenten sus opiniones y preocupaciones y que estas se tomen en consideración en las etapas apropiadas de los procedimientos penales.

Las disposiciones con respecto a las víctimas son aún más amplias en el Protocolo contra la trata de personas (2000), en el que se estipula, por ejemplo, que los Estados parte deben considerar la posibilidad de aplicar medidas para garantizar la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de trata de personas, incluso en cooperación con organizaciones no gubernamentales y con consideración de las necesidades específicas de las víctimas cuando sea adecuado. El Protocolo también exige que los Estados parte consideren la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de trata de personas permanecer en su territorio de manera temporal o permanente. En el artículo 8, se estipula el derecho a la repatriación y se toma debidamente en cuenta la seguridad de las víctimas de la trata de personas. Estas dos últimas disposiciones son adiciones especialmente importantes a los derechos estándar de las víctimas porque responden a la necesidad de muchas víctimas de la trata de tener certeza jurídica acerca de dónde pueden permanecer y permanecerán después de que haya terminado el delito que las llevó a un país extranjero. Se puede encontrar más material sobre la trata de personas en la serie de módulos universitarios de E4J sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

En el plano regional, y en particular en Europa, se ha logrado una importante mejora en materia de justicia para las víctimas, incluso en los casos transfronterizos. En 2015, la Unión Europea publicó una directriz extensa y jurídicamente vinculante sobre los derechos de las víctimas en la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. La directriz garantiza que se reconozca a las víctimas de un delito, se les trate con respeto y que reciban la protección, el apoyo y el acceso a la justicia adecuados en todos los Estados miembro de la Unión Europea. La directriz también aborda específicamente tema relacionados con la victimización transfronteriza.

Anteriormente, la Unión Europea ya había establecido un sistema que permitía el reconocimiento mutuo de las medidas de protección en asuntos civiles enfocados en proteger eficazmente a las víctimas de la violencia y del acoso. En términos prácticos, esta nueva legislación significa que, si una víctima de violencia obtiene una orden de protección o de alejamiento en una jurisdicción, la cual por ejemplo ordena a un presunto abusador a mantenerse alejado a cierta distancia de la víctima, esta orden también es válida en otras jurisdicciones de la Unión Europea.

La Unión Europea también aprobó dos directrices jurídicamente vinculantes sobre la indemnización, las cuales reafirman e implementan los derechos de las víctimas a la indemnización. No obstante, aún hay grandes inconvenientes. En particular, muy pocas víctimas hacen uso de la posibilidad de presentar solicitudes a fondos extranjeros de indemnización a través de las organizaciones hermanas en sus países de origen. Además, los criterios de elegibilidad para estos fondos varían considerablemente entre las jurisdicciones, lo que a menudo limita las posibilidades de que las víctimas reclamen una indemnización (Letschert y Groinhuisen, 2011).

Fortalecimiento de la cooperación

De forma paralela a estos avances legislativos, la cooperación regional e internacional en cuestiones relacionadas a las víctimas también ha aumentado a nivel institucional. Los avances jurídicos mencionados significan que los países han recibido las herramientas para cooperar de manera más cercana entre fronteras, tanto para llevar a los delincuentes ante la justicia como para mejorar la protección de las víctimas y de sus derechos.

Las nuevas organizaciones de la sociedad civil que protegen a las víctimas han empezado a desempeñar un papel importante en la contribución y el fomento de esa cooperación. En 1990, se creó una organización europea paraguas de proveedores de apoyo a las víctimas, Victim Support Europe (en inglés). En la actualidad, representa a 50 organizaciones nacionales miembro, que prestan servicios de apoyo y de información a más de dos millones de personas afectadas por la delincuencia cada año en 27 países. En 2018, se intensificaron los esfuerzos para crear una red similar en la región asiática: Victim Support Asia (en inglés). Estas redes tienen funciones importantes en el sentido de que realizan actividades para mejorar la legislación sobre cuestiones relacionadas a las víctimas a nivel regional y nacional mediante la investigación y el desarrollo de conocimientos, y mediante el desarrollo de capacidades a nivel nacional y local.

A nivel mundial, la Sociedad Mundial de Victimología (WSV, en inglés), una organización no gubernamental internacional, que cuenta con varios miembros proveedores de servicios a las víctimas, académicos, representantes gubernamentales, médicos, abogados, personal de las fuerzas del orden y de emergencia, estudiantes y miembros del público interesado, sigue abogando por las víctimas. Por ejemplo, la WSV ha ejercido presión para que se concedan más derechos a las víctimas con respecto a las solicitudes de asistencia judicial recíproca, es decir, que se considere su perspectiva en el intercambio oficial de información entre las autoridades nacionales de justicia penal en los casos que involucren a varias jurisdicciones.

 

Las víctimas en la era de la Internet: las redes sociales, las nuevas formas de comunicación y sus consecuencias en materia de justicia para las víctimas

La importancia de Internet y las nuevas formas de comunicación son una parte integral de nuestras vidas. La siguiente discusión abordará brevemente la forma en que esto puede afectar la justicia para las víctimas. Hay varios módulos más específicos y detallados de E4J que desarrollan temas relacionados, incluidos el Módulos 12 sobre la ciberdelincuencia interpersonal y el Módulo13 sobre la ciberdelincuencia organizada de la serie de módulos universitarios de E4J sobre el delito cibernético.

Consecuencias negativas

Internet y las redes sociales han permitido el surgimiento de nuevas formas de delitos. (El tema del uso ético de las redes sociales se explora más a fondo en el Módulo 10 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre integridad y ética). El delito cibernético, en sus diversas formas, tiene características específicas que lo hacen especialmente desafiante desde la perspectiva de la víctima. El delito cibernético genera un enorme daño y afecta a muchas víctimas. Sin embargo, suele ser difícil llevar a los delincuentes ante la justicia, entre otras cosas porque están bien cubiertos por el anonimato. El hecho de que los autores puedan estar ubicados en una jurisdicción distinta a la de su víctima significa que las víctimas tal vez no puedan ver que se hace justicia de la misma manera que con las víctimas de los delitos «convencionales». Otro factor que distingue al delito cibernético de otras formas de delitos es el hecho de que los delincuentes cibernéticos pueden interactuar y amenazar a sus víctimas de manera virtual y pueden hacerlo a cualquier hora del día y de la noche, lo que reduce potencialmente las posibilidades de que la víctima encuentre refugio en un espacio seguro. También sigue siendo muy difícil «depurar» la Internet y eliminar completamente la información y las imágenes que se publicaron o se utilizaron indebidamente con fines delictivos. En respuesta a estas nuevas amenazas, en muchas partes del mundo se ha emprendido una vasta serie de iniciativas de prevención, entre estas los programas para educar al público, y a los jóvenes en particular, sobre la utilización segura de la internet, las redes sociales y otras formas modernas de comunicación.

Aspectos positivos

En el lado positivo, Internet y las redes sociales ofrecen nuevos foros que las víctimas pueden utilizar para informarse sobre sus derechos y sobre la disponibilidad de asistencia y servicios. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los proveedores de servicios de asistencia a las víctimas, los abogados de las víctimas, los legisladores y otras partes interesadas ofrecen mucha información pertinente y de acceso inmediato que puede ayudar a las víctimas a orientarse después de un delito y a encontrar las primeras respuestas a las preguntas urgentes que puedan tener. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona, en España, tiene (en inglés) un sitio web dedicado a informar a los turistas sobre cómo evitar ser blanco de delincuentes y qué hacer cuando se ha producido un delito.

Asimismo, internet y las redes sociales ofrecen nuevas plataformas que las víctimas pueden usar para expresarse. Por ejemplo, las víctimas utilizan sitios web de grupos de autoayuda en los que intercambian experiencias y perspectivas para superar los efectos negativos de los delitos que han sufrido. De esta manera, resulta más fácil para una persona que ha sido víctima de un delito recientemente y podría no saber a dónde acudir para encontrar una red de apoyo.

La voz fortalecida de las víctimas: el movimiento #MeToo y las reacciones en contra de él

El movimiento #MeToo es un ejemplo de las oportunidades, pero también de las dificultades que las nuevas formas de expresarse a un público más amplio y «mundial» suponen para las víctimas. #MeToo fue iniciado por Tarana Burk, una activista afroamericana que ha dado lugar a un movimiento social más amplio contra la prevalencia generalizada de las agresiones sexuales y el acoso.

El hashtag #MeToo se propagó viralmente en octubre de 2017, poco después de las acusaciones sobre la conducta sexual indebida contra un famoso productor estadounidense de cine. Según un informe de la CNN, en las primeras 24 horas de su primer uso en la red social Facebook, cuatro millones setecientas mil personas usaron el hashtag #MeToo en doce millones de publicaciones.

El movimiento #MeToo se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial que inspiró a las víctimas de acoso y agresión sexual, sobre todo (aunque no solo) a mujeres y niñas, en todas partes del mundo a hablar de sus experiencias de manera pública. Al hacerlo, estas víctimas mostraron a los delincuentes su determinación de no quedarse calladas. El movimiento creó un ambiente de empatía y solidaridad entre las víctimas. Es importante señalar que hizo visible la magnitud del problema y, por lo tanto, generó un debate público sobre la existencia del acoso sexual y de la agresión sexual en ámbitos que, hasta entonces, habían negado o ignorado discretamente estos temas. El movimiento #MeToo dio voz a las víctimas para exhortar a que se reconociera que esta cultura es inaceptable y para dejar en claro que no son las víctimas las que deben sentirse avergonzadas por la violencia y la agresión sexual; por el contrario, la culpa y la responsabilidad es, y debe ser, de los perpetradores.

Después de que millones de personas empezaran a usar la frase y se extendiera a docenas de idiomas además del inglés, el propósito del movimiento #MeToo tomó diferentes significados para diferentes personas. Han surgido movimientos de hombres cuyo fin es cambiar una cultura de violencia sexual a través de la reflexión personal y la acción futura, incluyendo #IDidThat, #IHave y #IWill. Otros hashtags se han enfocado en las experiencias de las mujeres en situaciones o profesiones específicas.

Haciendo un balance, y a pesar de estas reacciones adversas, el movimiento #MeToo ha contribuido de manera positiva al avance de la justicia para las víctimas. En particular, nos ha mostrado cómo las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales pueden dar a las víctimas una plataforma para hacer oír su voz. El movimiento ha ofrecido a las víctimas de agresiones y acoso sexuales, delitos a menudo asociados con la vergüenza y el tabú, una demostración empoderadora de solidaridad, tanto por parte de otros sobrevivientes como del público en general. Lo que es más importante es que el caso del movimiento #MeToo ilustra que, si un movimiento dirigido por las víctimas se convierte en un fenómeno generalizado o incluso mundial, como ha sido el caso del movimiento #MeToo, puede convertirse en un motor de cambio social que nos obliga a cuestionar y replantear la forma en que tratamos a las víctimas de delitos y en qué medida les mostramos el respeto, el reconocimiento y el apoyo necesarios.

 
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