Este módulo es un recurso para los catedráticos  

 

La transparencia como condición previa 

 

Existe un consenso general al respecto de que la transparencia -situación en la que la información sobre un proceso de toma de decisiones se encuentra disponible para el público y puede ser fácilmente verificada en lo que respecta a las normas y a la identidad de los responsables de la toma de decisiones- aumenta la probabilidad de detectar la corrupción. Además, la transparencia permite esta detección (y reduce la probabilidad de comportamientos corruptos) porque disminuye la barrera de la información, de modo que facilita el escrutinio y el monitoreo. La transparencia también disuade los actos de corrupción al aumentar las posibilidades de identificar a los agentes corruptos.

Según el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2014), la transparencia es fundamental para cultivar la confianza de la población en el Gobierno y para disuadir, prevenir y detectar la corrupción de manera eficaz. Por ejemplo, la transparencia facilita la participación pública al aumentar las oportunidades para que los ciudadanos influyan en los gastos, las políticas y la toma de decisiones del Gobierno, a través por ejemplo de esquemas de presupuesto participativo. La idea de promover la transparencia como una de las herramientas políticas más importantes contra la corrupción se reitera en la clásica afirmación de Jeremy Bentham sobre el poder del ojo público:

Cuanto mayor sea la cantidad de tentaciones a las que se expone el ejercicio del poder político, mayor será la necesidad de presentar mejores razones para que quienes ejercen este poder se resistan a estas tentaciones. Pero no existe razón más constante y universal que la supervisión del público (Bentham, 1816/1999, pág. 29).

Por tanto, la transparencia está relacionada con el derecho de los ciudadanos de saber sobre los presupuestos, procesos, las acciones gubernamentales y sus resultados, una norma de las leyes contra la corrupción y de los derechos humanos. En este sentido, la CNUCC enfatiza que la transparencia es fundamental para luchar contra la corrupción. En particular, su artículo 10 dispone lo siguiente:

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda.

El artículo 10 continúa enumerando ejemplos de medidas de transparencia que los Gobiernos pueden adoptar, entre estas: 

  • La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener información sobre la administración pública;
  • La simplificación del acceso público de la información sobre las autoridades;
  • La publicación de información, lo que podrá incluir informes sobre los riesgos de corrupción en su administración pública. Algunas de estas medidas se discuten en los siguientes párrafos.
 

Solicitudes de acceso a la información

El párrafo b del apartado 1 del artículo 13 de la CNUCC exige que los Estados parte fomenten la participación activa de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción mediante medidas que garanticen el acceso público a la información. Los procedimientos que permiten que la ciudadanía obtenga información sobre la administración pública se consideran una medida de transparencia fundamental que facilita la exposición de la corrupción. Dichos procedimientos suelen estar regulados por las leyes de acceso a la información (usualmente llamadas libertad de información), que no sólo establecen el proceso de acceso a la información, sino que también conceden a los ciudadanos el derecho a solicitar y recibir información de sus Gobiernos y otras entidades públicas.

Por ello, las leyes de acceso a la información se consideran importantes para combatir la corrupción (Costa, 2013). Banisar (2006, pág. 6) argumenta que tales leyes permiten que «los individuos y grupos protejan sus derechos» y ayudan a prevenir «los abusos, la mala administración y la corrupción». Estas leyes mantienen a la ciudadanía informada  sobre las acciones y decisiones de sus Gobiernos. En muchos contextos, las leyes de acceso a la información aumentan la transparencia de forma directa y, por tanto, mejoran los sistemas de rendición de cuentas (Kelmor, 2016). Muchos países en el mundo han adoptado leyes de acceso a la información. Para acceder a una lista de países que han adoptado dichas leyes, consulte el Informe sobre la libertad de información en el mundo del 2006, elaborado por Privacy International (Banisar, 2006). Para mayor información sobre este tema, consulte el Módulo 10 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha contra la Corrupción.

El gobierno electrónico y los datos abiertos

La publicación proactiva de información por parte del Gobierno y la simplificación de los procedimientos administrativos son formas adicionales de promover la transparencia que van más allá de las prácticas tradicionales de acceso a la información. Las medidas a este respecto son fomentadas por políticas regionales como el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020, así como por iniciativas intergubernamentales, como la Carta Internacional de Datos Abiertos, la Alianza para el Gobierno Abierto y Datos Abiertos para el Desarrollo (OD4D).

Estas iniciativas alientan a los Gobiernos a brindar datos abiertos y accesibles sobre el Gobierno y los procesos políticos a la ciudadanía. Estos enfoques suelen ponerse en práctica a través de sistemas de gobierno electrónico que utilizan internet para proporcionar servicios públicos e información, y para simplificar e incrementar el acceso público a los procedimientos administrativos. Estas medidas respaldan el principio de que la ciudadanía debe tener acceso directo a información sobre los presupuestos públicos, la forma en que los Gobiernos gastan el dinero de los contribuyentes, la prestación de servicios públicos, la competencia y los resultados electorales, entre otros. Cuando dicha información es pública, la ciudadanía, periodistas, académicos y organismos de supervisión pueden examinarla para detectar conductas corruptas o sospechosas. Esto, a su vez, facilita la detección de los delitos y la ineficiencia burocrática, y disuade las prácticas ilícitas que podrían ocurrir en secreto. Un ejemplo de cómo los OD4D son utilizados por los países es el sitio web de Afla MD (s. f.), con base en Moldavia. El sitio web describe gastos planeados destinados a todas las escuelas en Moldavia, de modo que aumenta la transparencia en los gastos en educación pública y permite que la ciudadanía y las ONG entiendan mejor y estudien los gastos públicos en escuelas y recursos educativos de la Secretaría de Educación de Moldavia. Para mayor información sobre la educación y la corrupción, consulte el Módulo 9 de la serie de módulos universitarios de E4J sobre Lucha Contra la Corrupción.

Al igual que las leyes de acceso a la información, la divulgación proactiva de datos por parte de las instituciones públicas facilita la detección de la corrupción. En Ucrania, por ejemplo, en 2015 se lanzó un sistema en línea de datos abiertos llamado ProZorro para asegurar que los documentos y la información relacionados a la adquisición pública fueran fácilmente accesibles para la sociedad civil. De hecho, diversos países han establecido la obligación legal de publicar datos abiertos sobre el proceso de licitación en las adquisiciones públicas. Tales esfuerzos para contar con plataformas de datos abiertos son cruciales para prevenir oportunidades de corrupción.

Además, muchos países tienen leyes que exigen que los funcionarios públicos declararen sus activos e intereses. Estos sistemas de declaraciones cumplen dos funciones. Primero, promueven la transparencia e identifican de manera proactiva los conflictos de intereses. Y, segundo, facilitan la detección de casos de corrupción cuando va seguida de una investigación administrativa. Para más información sobre cómo las declaraciones de activos pueden usarse como una herramienta anticorrupción, consulte Kotlyar y Pop (2016).

En general, el hecho de facilitar la información sobre temas como los procesos de licitación y el gasto público alienta a los periodistas e investigadores a examinar los datos en sectores que suelen ser vulnerables a la corrupción, como el sector policial, defensa, educación o salud. Sin embargo, cabe mencionar que, aunque la transparencia es fundamental para exponer y disuadir la corrupción, por sí sola no es suficiente para reducir la corrupción de manera sostenible. Para asegurar que la transparencia mitigue la corrupción, la información no sólo debe llegar y ser recibida por el público, sino que el público debe actuar al obtener la información para repercutir en el comportamiento de los agentes potencialmente corruptos. Tales acciones pueden ser, por ejemplo, denunciar los actos ante las autoridades relevantes, organizar protestas o castigar a los políticos corruptos al no votar por ellos en las siguientes elecciones. Por tanto, «las reformas que se centran en aumentar la transparencia deben ir acompañadas de medidas para fortalecer la capacidad de los ciudadanos para actuar según la información disponible» (Lindstedt y Naurin, 2010).

 
Siguiente:  Mecanismos de detección: auditorías y denuncias
Volver al inicio